Una costra blanca flota sobre el Río Coyote tras el desbordamiento de una presa con deshechos mineros de «Cuzcatlán» (filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines) en San José del Progreso, Oaxaca, donde viven del campo. Pero ahora no pueden usar el agua para cultivo ni para bañarse.
Dos días después del derrame, pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca denunciaron 22 casos de violaciones a sus derechos durante el «Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras», donde acusaron la incapacidad del gobierno para impartir justicia y exigieron cancelar los proyectos y la Ley Minera (lanzada en el salinismo y reformada en 2014) por dar preferencia a las empresas privadas sobre los habitantes, sus territorios y las afectaciones a su salud, medio ambiente, tejido social e identidad cultural.
En Oaxaca hay 41 proyectos mineros activos que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– «La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!», reclamó uno de los representantes de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, donde sus habitantes denunciaron el desbordamiento de la presa «Jales» con deshechos mineros de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, detectado el 8 de octubre tras una noche lluviosa.
La minera «Cuzcatlán», filial de esta compañía canadiense, trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011 en el municipio San José del Progreso, dentro del distrito de Ocotlán al centro oaxaqueño, donde viven del cultivo de verduras. Alfredo Salcedo Martínez, del área de relaciones comunitarias de la empresa en Oaxaca, dijo a SinEmbargo que ya hubo una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).
La Profepa informó por su parte que desde el 12 de octubre pidió a la minera «realizar medidas de urgente aplicación» para evitar mayores afectaciones a los elementos naturales. Pero la empresa hizo caso omiso. Por ello, realizó un análisis de suelo y sigue a la espera de los resultados para determinar la existencia o no de contaminación con residuos peligrosos. En caso de que se acredite, se aplicarán las acciones y sanciones que conforme a derecho procedan, advirtió en un comunicado.
«Nos han dañado las parcelas en las que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez [en 2012]», afirmó Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), organización a la que pertenecían las víctimas de homicidio. Rosalinda Dionicio, defensora de San José del Progreso, fue víctima de un ataque con armas de fuego como resultado de su activismo en contra de la mina, denunció.
Sobre los asesinatos, Sofía Robles Hernández, zapoteca del comité directivo de Servicios del Pueblo Mixe, aseguró que son atentados. «Era muy claro su trabajo de defensa que venían haciendo. No se puede pensar que fue por aras del destino, fueron asesinatos premeditados, bien planeados».
Ante la costra blanca en su río, están tomando medidas de prevención: no bañarse ni usar esa agua hasta saber qué sustancias contiene.
22 CASOS DE VIOLACIONES
Asesinatos, desapariciones, daño a parcelas, contaminación del agua o limitación para su uso agrícola y doméstico. Dos días después del desborde de deshechos mineros, pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca denunciaron 22 casos de violaciones a sus derechos fundamentales durante el «Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras», donde acusaron la incapacidad del Estado mexicano para impartir justicia frente a la instalación de proyectos de extracción de metales en sus territorios y exigieron cancelar la Ley Minera (implementada en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con última reforma en 2014).
«Lo que buscan las comunidades es la cancelación de la Ley Minera, y por consecuencia no se otorguen concesiones mineras en Oaxaca, porque se contrapone a los derechos colectivos de los pueblos. Le da preferencia a la empresa privada sobre los territorios de las comunidades y territorios indígenas, y viola el derecho a la libre determinación y autonomía que tienen los pueblos», dijo en entrevista la abogada Erika Carbajal Morales, del Consejo Directivo de Tequio Jurídico.
«La minería como proyecto extractivo no trae ningún beneficio para las comunidades. No podemos hablar de una minería sustentable cuando trae afectaciones a la salud, al medio ambiente, a la ruptura del tejido social y la pérdida de la identidad cultural de los pueblos», agregó Carbajal.
Hay 41 proyectos mineros activos en Oaxaca que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 que abarcan 462 mil 974 hectáreas de la entidad sureña.
«En los últimos ocho años el gobierno federal ha estado dando concesiones a las empresas mineras sin el consentimiento de las comunidades. Se enteran cuando las empresas llegan a empezar a hacer estudios y las autoridades comunitarias demandan al gobierno que no las den», contó vía telefónica Sofía Robles Hernández, zapoteca del comité directivo de Servicios del Pueblo Mixe, una de las impulsoras del juicio popular.
Tras el derrame en el Río Coyote, las comunidades aledañas se pusieron en alerta como el municipio Magdalena Ocotlán. «Los deshechos de la mina alcanzan los terrenos de cultivo, los ríos», dijo Sofía. «Trae más problemas de salud –los casos de cáncer han ido en aumento en zonas afectadas en el país– y al interior de la comunidad hay división porque hay una parte en desacuerdo».
Como en otras partes del país, las mineras les argumentan que darán desarrollo, pero, dijo Sofía, «las ganancias son para las empresas. Las comunidades no tienen ninguna ganancia más que las enfermedades, la contaminación de los alrededores e incluso el ruido de las detonaciones».
Respecto al gobierno de Oaxaca, acusó que es quien «le abre las puertas» a las mineras pese al cúmulo de señalamientos de violaciones a sus derechos. Don David Gold, filial de la canadiense Gold Corp, es la que más concesiones tiene en la entidad.
«Con toda esta política neoliberal, el gobierno está en la lógica del desarrollo y generación de ingresos. Esa son sus maneras de hacerlo: concesionando a las empresas sin tomar en cuenta a quiénes pertenece el territorio, quiénes habitan ahí y qué afectaciones van a tener», expuso. «Es preocupante que el propio gobierno esté entregando nuestra riqueza a empresas extranjeras».
EL VEREDICTO DEL JUICIO POPULAR
El jurado, compuesto por organizaciones civiles nacionales e internacionales sin poder jurisdiccional, de manera simbólica y política recomendó en el Juicio popular comunitario cancelar las concesiones mineras que se hayan otorgado con violación a los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, sin la consulta libre previa e informada, así como declarar a Oaxaca como un territorio libre de proyectos mineros, dijo en entrevista Roberto Stefani, coordinador del proyecto Pueblos indígenas combatiendo la discriminación de Oxfam México.
Su veredicto también indica a las autoridades estatales y federales suspender la entrega de títulos mineros hasta elaborarse un nuevo marco jurídico que respete a los habitantes, y derogar la actual Ley Minera para aprobar una protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones ocasionadas que prevea la consulta.
La abogada Erika Carbajal Morales, del Consejo Directivo de Tequio Jurídico, explicó que el juicio popular comunitario no tiene trascendencia jurídica, sino política al buscar dar visibilidad a nivel nacional e internacional las violaciones a los derechos individuales y colectivos de las comunidades. Las comunidades participantes decidirán si utilizarán la sentencia como prueba para llevarlo a un proceso judicial. Por el momento, se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Roberto Stefani, coordinador del proyecto Pueblos indígenas combatiendo la discriminación de Oxfam México, dijo que por el momento no han recibido ninguna reacción gubernamental del dictamen.
«La finalidad del foro fue tener información de primera mano para saber qué está pasando en Oaxaca. Había algunos proyectos que se conocían muy claramente, como el de San José del Progreso, pero salieron otros de comunidades más remotas», aseguró.
Sobre el acceso al agua, Stefani de Oxfam México, expuso que las mineras aún no son sujetas al control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). «El agua puede ser usada libremente por la empresa minera», dijo. Por el otro lado, «las concesiones limitan el acceso al agua de las comunidades campesinas e indígenas para uso agrícola».
En el juicio popular en Oaxaca estuvieron autoridades y miembros de Cuicateco, Chatino, Chontal, Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de las regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca.
Con apoyo de organizaciones o universidades como Oxfam México, Centro Prodh y el Centro de la Montaña Tlachinollan, presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan «con engaños o condicionamientos, incluyendo la criminalización y la represión», lo que ha violentado su derecho a la vida, y a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
Los proyectos mineros, acusaron los pobladores en el juicio, debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del gobierno. Esto ha pisoteado el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, al desarrollo propio, a la identidad cultural y a la información técnica y culturalmente adecuada.
El veredicto del jurado fue, además de cancelar los proyectos mineros y suspender la otorgación de títulos, la urgencia de adoptar políticas que garanticen el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares. Además exigió garantizar a quienes defienden los territorios indígenas hacerlo en condiciones de libertad y seguridad.
Abordaron la necesidad de frenar la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y la presentación con vida de los desaparecidos.
Al Senado de la República, se le pidió ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, Vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Ignacio Henriquez, de Oxfam en El Salvador; Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
También lo integraron Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco experto en derechos indígenas.
